El siglo XVIII en España es un período convulso marcado por una etapa de clara recuperación general frente a la profunda y dilatada crisis de la centuria precedente. Aunque la prosperidad del siglo tenía sus bases en el crecimiento económico del seiscientos, la evolución ascendente fue inducida y fomentada por la labor decidida del monarca y su gobierno, que llevó a cabo reformas en todos los sectores y ámbitos del Estado.
Estas reformas buscaban la modernización de la sociedad y el Estado, suscrita a la política absolutista y centralizadora de los Borbones. Estas innovaciones provocaron cambios administrativos e innovaciones institucionales, asistiendo a un incremento de la población, al aumento de la producción agrícola y al engrandecimiento del comercio, de la industria y de la navegación. No obstante, quedaba pendiente una reforma fiscal.
El sistema de impuestos en la Corona de Castilla en el siglo XVIII era muy confuso, injusto e inoperante, de manera que mientras parte de la población se veía presa de múltiples impuestos directos e indirectos, la Real Hacienda no percibía los ingresos al completo al carecer de los instrumentos de recaudación adecuados, siendo cada vez más evidente y necesaria una reforma fiscal que simplificara, racionalizara e hiciera más justo y eficaz el sistema contributivo, sustituyendo las “rentas provinciales” por una “Única Contribución”.
Y en el marco de esta reforma fiscal, el “catastro” se postuló como la pieza fundamental y panacea de los males que aquejaban al Estado moderno. Con ello se pretendía superar la deuda crónica de la Hacienda estatal, lograr la igualdad fiscal entre los distintos estamentos, al mismo tiempo que serviría como herramienta para conocer el territorio, paso previo para aplicar cualquier política de modernización y reforma.
El 10 de octubre de 1749, bajo el reinado de Fernando VI, se publica el Real Decreto que pondrá en funcionamiento la elaboración de una regia investigación en los territorios de la Corona de Castilla, y que se denominará “Catastro de Ensenada”, al ser dirigido y supervisado por dicho marqués, Zenón de Somodevilla. El padrón tiene la finalidad de averiguarlo todo de todos, de manera que la indagación catastral lograra dar paso a establecer un impuesto único a cada contribuyente, siendo éste un porcentaje, el mismo para todos, del patrimonio en tierras y edificios que cada uno tuviese y de las rentas fijas o estables de que dispusieran[1].
La realización del catastro fue una obra de gran envergadura, y su realización se extendió a lo largo de siete años (1749-1756). Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo humano y económico realizado, nunca llegó a implantarse, dejando tras de sí una información altamente fiable, tanto en su contenido cualitativo como cuantitativo.
El Catastro de Ensenada recoge el censo de población, ganadero, forestal, de explotaciones agrarias, industrial, un nomenclátor, una base de datos de las rentas de los contribuyentes por razón de trabajo, industria y comercio y de todas las rentas y bienes enajenados a la Corona. Es, pues, una magnífica radiografía a la sociedad del siglo XVIII.
[1] CAMARERO BULLÓN, Concepción. “Averiguarlo todo de todos: El catastro de Ensenada”. Estudios geográficos, Vol. 63 nº, 248-249, 2002 pgs. 493-532
